Aspectos legales del movimiento okupa.

En la entrada anterior, puse un ejemplo para que se pudiese entender bien, por lo tanto en ésta entrada me centraré más en la legislación entorno a todo al hecho de ocupar viviendas abandonadas, o en desuso.

Hasta el año 1996, no hubo ninguna ley que penalizase específicamente la ocupación de lugares abandonados, que es cuando se promulgó el nuevo  Código Penal. Incluso, se podría decir que ésta ocupación se había tolerado en cierto modo, ya que la gente inmigraba del campo a las ciudades y ésto era una solución para la gran cantidad de gente que provenía del campo.

Pues bien, hasta el momento, cuando el propietario veía que le habían ocupado su propiedad, lo denunciaba y se llevaba a cabo un proceso judicial civil, no penal y éste era muy largo, acabando en un desalojo de la vivienda en concreto.

Hubo sin embargo numerosas excepciones; en muchas ocasiones los jueces daban la razón a los 'okupas', ya que se tenían en consideración factores como el estado de la vivienda, el tiempo que llevaba desocupada y cualquier indicio de ausencia de función social en el edificio.

Aunque en la mayoría de casos se acababa en desalojo, como era un proceso tan lento, daba expectativas de cierta duración a la okupación y por lo tanto en los años 90 crecieron en gran medida estas okupaciones.

El nuevo Código Penal, de 1996, pretendía restringir estas ocupaciones tipificándolas como usurpación  El hecho de considerarlo delito, aceleraba el proceso, permitiendo además que se realizase sin aviso previo y por ésto ultimo, muchas veces se han puesto denuncias por desacato a la autoridad.
Casi nunca se han dictado las sentencias previstas y esto ha llevado a robos, allanamientos... es decir, que se denota cierto grado de permisividad y justificación de estos actos en nuestra sociedad actual.

En muchas ocasiones los centros sociales han intentado hablar con instituciones públicas para que les cedan el inmueble o alquilarlo por una mínima cantidad, pero ha dado resultado en caso puntuales como la 'Eskalera Karakola' en Madrid o la escuela de 'La Prospe'.

Eskalera Karakola, casa ocupa de mujeres. (Madrid)

Escuela de la Prospe(Madrid)

Familia desahuciada en Madrid.

En mi anterior entrada, introduje el tema que iba a desarrollar en las próximas entradas, bien pues, en ésta entrada lo mostraré desde un ejemplo real, aunque claro está que hay muchos matices, razones y grupos sociales distintos que lo practican.
Familia desahuciada en Madrid, okupa otro piso del mismo edificio.
Podemos observar al leer el artículo, que ésta familia okupa ésta vivienda por necesidad, ya que después de ser desahuciados y solicitar un piso al IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) para un alquiler social, se les denegó y tuvieron que irse a la calle con dos hijas. Y por si fuera poco, como el padre de familia declara, se quedan con una deuda increíble.

Ésto hace que nos planteemos la actuación del gobierno frente a éstas situaciones. Gente honrada, que ha trabajado toda su vida para poder vivir dignamente y alimentar a sus hijos, es desahuciada y les es denegado un alquiler social, a pesar de tener la clara necesidad de ello, pero en cambio, a los bancos y cajas, les es inyectado dinero en caso de necesidad.
El tema no seria tan  dramático, si no estuviese allí el hecho, de que estos bancos, o cajas, son dirigidos por personas que se han llenado los bolsillos a nuestra costa, han otorgado créditos a clientes que sabían que no podrían pagarlo y a un interés elevadísimo. A parte, de que éstos puestos directivos, están reservados a políticos que una vez acabada su vida en la política, tienen un puesto garantizado.
Si al menos viésemos que se dejan los codos en su trabajo y que viven normal, sin demasiados excesos.. pero como vemos que no es así, es totalmente lógico nuestra reacción de indignación ante éstos desahucios.

Y como en nuestra Constitución figura, entre otros tantos derechos, está el de la vivienda, y se supone que debería de estar garantizado, sobretodo en casos como el que he mostrado que realmente le es imposible a la familia de pagarlo.
Después de analizar éste caso con detención, he llegado a la conclusión de que deberían de garantizarse éstos mínimos, tanto como controlar las actuaciones que hacen nuestros dirigentes, gobernantes, políticos etc. Encontrar un equilibrio. La garantía de estos básicos, según mucha gente, podría suponer un agujero para la economía del país. Y yo me pregunto, ¿acaso la cantidad de dinero (provinente de nuestros impuestos) es utilizada correctamente? Si así fuese, no creo que hoy en día existiesen estos problemas, pero claro, gastar dinero ajeno, es muy tentador y muy fácil si se tiene a plena disposición.